Recientemente, la identidad digital ha terminado instalándose en nuestras vidas como un problema real y cercano. Con el paso del tiempo hemos ido tomando conciencia paulatinamente de la importancia de un uso seguro. Hoy no solo tenemos una vida fuera de internet, sino también una “versión digital” formada por nuestras cuentas, nuestras fotos, nuestros mensajes y los datos que circulan sobre nosotros. El problema aparece cuando esa identidad cae en manos de delincuentes.
Cada vez son más frecuentes los delitos cometidos utilizando la identidad digital de otra persona. La suplantación en redes sociales, el acceso indebido a cuentas de correo, las estafas a través de aplicaciones de mensajería o la contratación de servicios con datos ajenos son solo algunos ejemplos. En muchos casos, el perjudicado no descubre lo ocurrido hasta que recibe un cargo bancario, una reclamación de deuda o el aviso de que alguien ha actuado en su nombre.
Lo preocupante es que estos hechos no siempre se perciben al principio como delitos graves. A menudo empiezan con algo aparentemente menor: una contraseña robada, un mensaje falso o una fotografía obtenida sin permiso. Sin embargo, detrás de esas conductas pueden aparecer delitos de estafa, usurpación de estado civil, descubrimiento y revelación de secretos, acceso ilícito a sistemas informáticos o falsedad.
Es un bien jurídico especialmente vulnerable. No se trata solo de proteger la intimidad, sino también de evitar que terceros utilicen nuestros datos para engañar, obtener dinero, dañar nuestra reputación o cometer delitos en nuestro nombre. Perder el control sobre la propia identidad digital puede tener consecuencias económicas, personales e incluso penales. Por eso, la prevención resulta esencial.
Legalmente se intenta dar más seguridad al tratamiento de datos. Además del Reglamento General de Protección de datos, la Unión Europea está impulsando una Cartera Europea de Identidad Digital para evitar el abuso por parte de terceros, así como el establecimiento de nuevos deberes jurídicos para las empresas y administraciones que gestionan sus datos.
Vista la situación actual, y en el supuesto de que usted se encuentre en una situación similar, le aconsejamos que contrate los servicios de un abogado que pueda asesorarle y defender sus derechos adecuadamente. Les recordamos que en Huguet Ostáriz Abogados contamos con una larga experiencia en defender los derechos de nuestros clientes, avalándonos nuestros casos de éxito.

Artículo publicado por Ana Huguet en el Diario El Segre, pulse aquí para acceder.