Recientemente, la Audiencia Provincial de Barcelona, en su sentencia 743/2026, de 1 de octubre, ha rechazado que un arrendatario pueda exigir la formalización de un alquiler social tras la extinción de su contrato, basándose en una disposición de la legislación catalana declarada inconstitucional. Apenas unos días después, el Gobierno aprobaba dos nuevos decretos de vivienda que amplían las posibilidades de prorrogar contratos y suspender determinados desahucios.

El caso se remonta a un contrato de arrendamiento celebrado en 2012 sobre una vivienda de Montgat. La propietaria, considerada gran tenedora, obtuvo en 2022 una sentencia favorable de desahucio por expiración del plazo contractual. Sin embargo, el inquilino, que alegaba encontrarse en situación de vulnerabilidad económica, reclamó judicialmente que se obligara a la propietaria a ofrecerle un alquiler social y formalizar un nuevo contrato.

La Audiencia Provincial desestima su pretensión porque la disposición adicional primera de la Ley catalana 24/2015, que extendía esa obligación a los desahucios por finalización del contrato, había sido declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en su sentencia 120/2024, de 8 de octubre. No obstante, la Audiencia reconoce que existían serias dudas jurídicas cuando se presentó la demanda y, por ello, elimina la condena en costas impuesta al arrendatario.

Esta resolución adquiere especial interés ante los nuevos decretos de vivienda aprobados en octubre, que contemplan prórrogas extraordinarias de determinados contratos y medidas de protección frente a los desahucios de personas vulnerables.

La diferencia es esencial: una cosa es obligar al propietario a suscribir un nuevo contrato de alquiler social y otra distinta prorrogar legalmente uno existente o suspender temporalmente un lanzamiento judicial.

El debate vuelve a situarnos ante una cuestión de difícil equilibrio: cómo garantizar el derecho a una vivienda digna sin desconocer los derechos legítimos de los propietarios. Un objetivo que exige seguridad jurídica y una intervención eficaz de las administraciones públicas.

Visto el panorama actual, y en el supuesto de que usted se halle en una situación similar, le aconsejamos que contrate los servicios de un abogado que pueda asesorarle y defender sus derechos adecuadamente.

Artículo publicado por Ana Huguet en el diario El Segre. Pulse aquí para acceder.