Recientemente, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-Ley 26/2026, de 29 de septiembre que regula nuevas medidas en materia de vivienda que vuelven a cambiar las reglas del mercado del alquiler.

Una de las medidas más relevantes afecta a la duración de los contratos. Determinados arrendamientos de vivienda habitual podrán, a petición del inquilino, prorrogarse por periodos anuales hasta un máximo de dos años, manteniéndose durante ese tiempo las mismas condiciones del contrato.

También se establecen límites temporales a la actualización de las rentas. Cuando la renta del alquiler supere el máximo que resulte del sistema estatal de precios de referencia, no procederá su incremento hasta finales de 2027. En los demás casos, las partes podrán acordar la actualización y, si no existe acuerdo, la subida no podrá superar el 2%.

Especial importancia tiene también la regulación del alquiler de temporada. Intenta evitar su simulación para escapar de las garantías de la legislación de arrendamientos urbanos.

La reforma alcanza igualmente al alquiler por habitaciones. La suma de las rentas de las habitaciones alquiladas simultáneamente no podrá superar la que correspondería al alquiler de la vivienda completa, estableciéndose también limitaciones en las zonas de mercado residencial tensionado.

La cuestión es si estas medidas conseguirán realmente mejorar el acceso a la vivienda. Las opiniones de los expertos están divididas. Mientras unos consideran que aportarán estabilidad a los inquilinos y cerrarán vías utilizadas para eludir las limitaciones legales, otros aluden a la ausencia de seguridad jurídica. Desde el sector inmobiliario se señala, además, el riesgo de que una mayor intervención del mercado termine reduciendo la oferta de viviendas en alquiler. Añadiendo que regular precios y contratos puede proteger a quien ya tiene una vivienda alquilada, pero difícilmente resolverá por sí solo la falta de vivienda disponible a precios asequibles.

La norma ya está en vigor. Ahora queda por saber si el Congreso la convalida y, sobre todo, si sus efectos prácticos responden a los objetivos perseguidos.

Visto el panorama actual, y en el supuesto de que usted se halle en una situación similar, le aconsejamos que contrate los servicios de un abogado que pueda asesorarle y defender sus derechos adecuadamente.

Artículo publicado por Ana Huguet en el diario El Segre. Pulse aquí para acceder.