A principios de este mes de junio de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados, con lo cual ahora se está llevando a cabo su tramitación y, de acelerarse mucho los plazos, la norma podría estar lista definitivamente para el primer semestre de 2021. Una de las razones de ser de la norma es incorporar las dos directivas de residuos y de plásticos que la Unión Europea aprobó en 2018 y 2019, que contienen numerosas medidas que tienen como objetivo la preservación del medio ambiente.

De esta manera, a partir del mes de julio del 2021 podría estar prohibido introducir en el mercado objetos de plástico de un solo uso tales como bastoncillos de algodón (excepto en el ámbito de productos sanitarios), cubiertos, palillos, platos, pajitas y agitadores de bebidas, palitos de globos, recipientes y vasos para alimentos y bebidas hechos de poliestireno, etc.

Otra medida consistiría en acabar con la obsolescencia programada para fomentar el uso duradero y eficiente de aparatos eléctricos y electrónicos, textiles y muebles, envases y materiales y productos de construcción. Además, se pretende fomentar la reducción del desperdicio alimentario y la preferencia por el agua no envasada, para lo que se buscarían nuevas vías para apostar por la donación de alimentos, aumentarían las fuentes de agua disponibles en las vías públicas y edificios y se obligaría a los bares a poner a disposición de los clientes agua del grifo gratis. Así mismo, el abandono de basura en el medioambiente podría conllevar multas de entre mil y dos millones de euros, según su gravedad.

No obstante, el anteproyecto va más allá de las directivas, ya que fija un nuevo impuesto específico para avanzar en la reducción de los envases de plástico no reutilizables con el que se prevé recaudar unos 724 millones de euros aproximadamente.

Dicho impuesto será de carácter indirecto y recaerá sobre “la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de envases de plástico no reutilizables que vayan a ser objeto de utilización en el mercado español”, por lo que todo apunta a que, en última instancia, el impuesto repercutirá sobre el consumidor. El tipo impositivo del impuesto se propone de 0,45 euros por kilogramo de envase, que, según el Gobierno, es similar al que planean establecer otros países europeos tales como Reino Unido o Italia.

La vicepresidenta segunda y ministra para la Transición Ecológica, la Sra. Teresa Riba, justifica esta propuesta en el bajo nivel de fiscalidad ambiental en España, ya que la Comisión Europea ha señalado en numerosos informes que España cuenta con margen de actuación en materia de fiscalidad verde. De hecho, los ingresos de nuestro país en el año 2017 derivados de la fiscalidad verde supusieron el 1,83% del PIB, mientras que en la Unión Europea supusieron un 2,4% (un 0,57% más). Con ello, España ocupa el quinto puesto de la UE en cuanto al porcentaje más bajo de ingresos por fiscalidad ambiental.

A principios de este año el Gobierno abrió una consulta pública sobre fiscalidad medioambiental anunciando la posibilidad de poner en marcha un impuesto sobre los envases de plástico de un solo uso. Finalmente, tal y como se ha explicado, ese tributo se ha incluido en la ley de residuos y suelos contaminados.

Por su parte, la Comisión Europea lleva un par de años planteándose poner en marcha un impuesto para los plásticos. Bruselas calcula que podrían recaudarse en toda la UE entre 3.000 y 9.000 millones de euros según su alcance. No obstante, todavía no ha dado luz verde a ese impuesto.

Visto el panorama actual, y en el caso de que usted tenga cualquier duda, le recomendamos que acuda a un abogado especialista que le asesore y pueda defender sus derechos.