Si bien ya habíamos comentado anteriormente que el Tribunal Constitucional había declarado inconstitucionales varios precep tos de la norma foral de Guipúzcoa reguladora de la plusvalía municipal, ahora este órgano se ha pronunciado sobre este mismo impues to en el ámbi to estatal. De este modo, la resolución en cuestión abre una vía para todos los ciudadanos en posibilitar la reclamación de la cantidad pagada por este impues to en determinados casos.
Hay que recordar, en primer lugar, que el verdadero nombre de este impues to es IIVTNU (Impues to sobre el Incremen to de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), y que podía ser cobrado por los diferentes ayuntamien tos de todo el Estado a los vendedores de inmuebles utilizando para calcular la base imponible el valor catastral del suelo como referente. Sin embargo, el aspec to que siempre fue conflictivo en relación con su aplicación es el hecho de que este valor tenga que ser necesariamente positivo en todos los casos (independientemente de si realmente ha habido un aumen to en el valor del terreno o no), de tal manera que no siempre se estaba grabando una manifestación expresiva de riqueza económica.
Consiguientemente, el Tribunal Constitucional ha decidido (de manera similar a como ya hizo con el anteriormente mencionado tribu to foral) que «cuando no se ha producido este incremen to en el valor del terreno transmitido, la capacidad económica pretendidamente grabada deja de ser potencial para convertirse en irreal o ficticia, violando con ello el principio de capacidad económica».
Lógicamente, y como ya se ha anunciado antes, la novedad más relevante de esta resolución es la posibilidad de reclamar la cantidad pagada por los ciudadanos a los respectivos ayuntamien tos, ya que se trata de una riqueza «ficticia».
Ya han sido varios los casos en los que se ha reclamado la devolución de lo que ha sido pagado por dicha plusvalía. Sin embargo, la diferencia, a partir de ahora, será la mayor seguridad que tendrán tan to los afectados como sus representantes en el procedimien to judicial, ya que la jurisprudencia constitucional es vinculante, por lo que los diferentes juzgados de lo contencioso administrativo que deciden sobre es tos casos deberán aplicar dicha doctrina.
Asimismo, esta nueva coyuntura también coloca los municipios en una situación considerablemente conflictiva, al darse el hecho de que, en la práctica, la plusvalía municipal era su mecanismo de financiación más importante.
Algunos exper tos han mencionado la posibilidad de que esta disminución en la recaudación se pueda suplir mediante un aumen to en el IBI, que sería el otro impues to municipal de gran importancia para las entidades locales. Sin embargo, la respuesta a esta situación no está ni mucho menos clara, por lo que habría que esperar las medidas pertinentes a tomar por parte del Gobierno.
En caso de que usted considere que se ve afectado por una situación de estas características, le recomendamos que ponga su caso en manos de un abogado especialista que pueda asesorarle y pueda defender sus derechos.